Sobre el contenido de la propuesta

El primer borrador con las propuestas más sustantivas, es obra del profesor de sociología, José Antonio Gómez Yáñez y del experto en comunicación política Antoni Gutiérrez Rubí, inspirado en la ley Alemana de partidos políticos. Sobre él trabajaron los profesores de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, José María Vidal y Fernando Flores hasta crear la estructura de la propuesta. Durante los meses de junio y julio se ha abierto la participación online para recibir aportaciones y comentarios. Un equipo formado por los promotores y algunos expertos, ha introducido cambios a los primeros borradores incorporando muchas de las propuestas recibidas y sus propias opiniones.
El debate ha sido muy intenso y es difícil de resumir, pero hagamos un esfuerzo.
En primer lugar, los borradores iniciales debían lograr que el espíritu del texto respondiera a la vocación de garantizar que los partidos que, en realidad son instituciones con orígenes anteriores a la constitución, respondan al mandato de esta, es decir, que sirvan a los ciudadanos como cauces de participación efectiva en la vida política. Debíamos hacer un texto que tuviera el foco, no en la estabilidad del sistema político o el refuerzo del papel de los partidos —que fueron los motivos por los cuales la Constitución, primero, y la ley de partidos, después, prácticamente no desarrollan ni derechos, ni garantías, ni procedimientos internos de estas importantes instituciones— sino que debíamos primar, en primer lugar, el derecho a la participación efectiva de los ciudadanos y ciudadanas y, en segundo, el derecho de los miembros de los partidos a decidir sobre las funciones de los propios órganos directivos.
Para los promotores la situación de desafección política en la que vivimos, acrecentada por la crisis, necesita más política y mejores partidos. Para ello, los ciudadanos y ciudadanas deben disfrutar de cauces para la participación política efectiva, que es un derecho constitucional no desarrollado en las leyes y muy limitado en la practica.
A propuesta de Gómez-Yañez y Gutiérrez-Rubí la inspiración fue el modelo alemán, que impregna toda la propuesta, y la orientación garantista hacia el derecho de los ciudadanos y miembros de los partidos fue desarrollada por los profesores José María Vidal y Fernando Flores, dando forma a un amplio capitulo de derechos y deberes.
A partir de ese momento, los debates se ampliaron para incorporar dos funciones clave en todo el texto, ambas a propuesta del profesor Manuel Villoría y de la experta en participación en la red, Nagore de los Ríos: transparencia y rendición de cuentas que, pese a lo obvias que puedan parecer, no han sido fáciles de incorporar.
Varios temas nos han ocupado un buen tiempo de debate, en algunos casos desde posiciones muy distintas, y apoyadas (o no) por muchas de las aportaciones que hemos recibido en el blog.
Primarias: sobre una propuesta inicial de Gómez-Yañez y con amplios documentos y comentarios aportados por el también sociólogo Enrique del Olmo y el economista Jonás Fernández, hemos apostado por un modelo que garantice el máximo de pluralidad en la selección de los cargos electos, una función tradicionalmente reservada a los partidos políticos y sus afiliados, que se incorpora al derecho electoral, para garantizar que estos procesos no están al servicio de la dirección de los partidos, sino que cumplen su misión constitucional de facilitar el acceso a la vida publica.
Financiación: no estaba previsto hacer ninguna propuesta, puesto que corresponde a otra ley la regulación de la financiación, pero tras una primera propuesta del sociólogo, Joan Navarro, mucho debate contradictorio y muchas propuestas desde el blog, la apuesta ha sido prohibir las donaciones anónimas y las que provengan de empresas, para dotar de máxima transparencia a la totalidad de la financiación, tanto publica como de donaciones de particulares (esta última sin limite pero con garantía de publicidad). Una propuesta que se quedaría muy coja sin la nueva figura reforzada del responsable de administración del partido (con responsabilidad penal sobre la financiación) y la, también muy reforzada, Comisión de auditoría y gastos electorales.
La empresaria Inmaculada Ranera planteó el carácter de “contrato con la ciudadanía” de los programas electorales, y la necesidad de rendir cuentas del trabajo del partido y los cargos electos, no solo en el parlamento, o internamente en los partidos, sino que estos deban realizar jornadas de puertas abiertas hacia sus electores y hacia los ciudadanos en general, que generaron un rico debate.
La especialista en comunicación e incidencia política Emilia Sánchez propuso la prohibición expresa de la disciplina de voto por parte de los partidos o sus grupos institucionales sobre los cargos electos, que contó con el respaldo de muchos promotores. Somos conscientes de la dificultad practica de estas dos medidas pero también que, sin que ambas se incorporen a la cultura política de nuestros partidos y nuestras instituciones, muchos de los problemas que originan desafección ciudadana, no encontrarán solución.
Por último, el debate sobre las funciones y niveles de independencia de la Comisión de Garantías al servicio de los miembros de los partidos, a propuesta de la profesora Helena Ancos, nos ha servido de modelo para reforzar la autonomía de los órganos de control interno y buscar formulas de equilibrio entre el necesario apoyo que los responsables internos deben exigir a quienes los eligen y la necesidad de que los órganos directivos incorporen la transparencia y rendición de cuentas a la cultura política ordinaria de los partidos para garantizar el mayor nivel de inclusión posible en sus actividades cotidianas.
El texto ha recibido multitud de enmiendas y modificaciones por parte de la gran mayoría de los promotores y ha sido revisado desde el punto de vista de estilo por el documentalista y experto en redes sociales para la participación política Miguel Ángel Gonzalo.