El informe del Consejo de Europa sobre prevención de la corrupción señala los limitados avances del Gobierno en los últimos años.
El nuevo ciclo político que se inició con la moción de censura tuvo su fundamento en acusaciones de corrupción y en la percibida incapacidad del gobierno entonces existente de dar un giro hacia la integridad en su forma de hacer política. Dentro de dos meses se cumplen 4 años desde la aprobación de la moción y, por desgracia, los avances en la lucha contra este grave problema no alcanzan las expectativas suscitadas entre una población que vio con esperanza el comienzo del nuevo ciclo.
La publicación del informe derivado de la quinta ronda de evaluación del GRECO (Consejo de Europa), sobre “prevención de la corrupción y promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas, PTEF) y en las fuerzas y cuerpos de seguridad (LEA)” nos muestra los limitados esfuerzos que se han hecho en este ámbito en los últimos años. Es cierto que la pandemia y la polarización política existente en el país han dificultado la adopción e implementación de medidas anticorrupción. Pero la obligación moral de un gobierno nacido de la moción de censura era cumplir, para empezar, con la obligación, derivada de nuestra ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, de diseñar y aprobar una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción. Por desgracia, esa opción se desechó, a pesar de la petición hecha por diferentes asociaciones cívicas de que se empezara la legislatura con ese mensaje claro de apoyo a la integridad en la acción de gobierno.
Es también cierto que, en este momento, existen múltiples medidas impulsadas desde el Gobierno y con participación de la sociedad civil, en el marco del IV Plan de Gobierno Abierto que, si se adoptan e implantan adecuadamente, constituirán un avance importante en la prevención y lucha contra la corrupción. Pero son medidas que llegan tarde y que se agolpan sin una estrategia clara que las coordine, priorice y estructure. Muy posiblemente, tras su aprobación, veremos las enormes dificultades de su implementación, las descoordinaciones que se generan y los costes innecesarios que provocan. De entre estas medidas, la norma estrella, consistente en la trasposición de la directiva europea de protección a los alertadores de fraude y corrupción, ya llega con meses de retraso y muestra cómo, una vez más, los políticos de turno se resisten a crear organismos verdaderamente independientes para investigar denuncias de corrupción y para proteger a los alertadores. Situar bajo adscripción del Ministerio de Justicia a la Autoridad Independiente de Protección del Informante, cuando podría ser un órgano dependiente de las Cortes, ya nos indica la actitud que existe tras la norma.
Por no seguir con su Comisión Consultiva, donde la sociedad civil está ausente y todo son cargos públicos.
Las medidas que se han adoptado a toda prisa para poder controlar que no existe fraude en la gestión de los fondos Next Generation es otro ejemplo de la improvisación y de la ausencia de preocupación por estos temas. Es cierto que suponen un avance, pero por el momento son meras declaraciones formales para que Europa vea que hacemos algo, no son auténticos sistemas de integridad en las organizaciones públicas concebidos rigurosamente y con criterios sistémicos. La ausencia de verdadera convicción en la construcción de sistemas de integridad en nuestras instituciones alcanza también al legislativo o al poder judicial. La cuarta ronda de evaluación del GRECO, esa vez sobre “prevención de la corrupción con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales”, ya concluía, muy benévolamente, que no se habían cumplido cinco (de las once) recomendaciones que se emitieron. Entre ellas, la eliminación de la politización del Consejo General del Poder Judicial, la relación de dependencia entre la Fiscal General y el Ejecutivo o la aprobación del régimen disciplinario de los fiscales. A lo que se suma un Parlamento que aprueba un Código ético que, si se incumple, no pasa nada, que no tiene controles sobre la relación de los parlamentarios y grupos con los lobbies o que carece de un verdadero sistema de huella legislativa.
Para ir concluyendo, y centrados en el informe publicado sobre la quinta ronda, el gobierno de España podría haberse ahorrado este claro suspenso si hubiera avanzado desde el año 2018 en una estrategia rigurosa de prevención y lucha contra la corrupción. En todo caso, es preocupante observar cómo en las contestaciones a las recomendaciones existentes existe una constante referencia a proyectos de normas o la defensa de la situación existente. Ello indica que por mucha nueva norma que se establezca no se va a garantizar la independencia de la Oficina de Conflictos de intereses, no se va a avanzar en la información sobre intereses de cónyuges o familiares de altos cargos o en los controles éticos en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Las resistencias corporativas son asumidas por el gobierno de forma incomprensible, como se puede ver en las rondas cuarta y quinta, ante los requerimientos del GRECO de avanzar seriamente en la prevención de la corrupción. Resistencias corporativas que se pueden comprobar de nuevo en las dificultades de tener un verdadero registro público de titulares reales de las empresas registradas en España.
Ante todos estos hechos, conscientes de que existen esfuerzos meritorios en marcha y creyendo aún en la capacidad de nuestras instituciones para tomarse en serio la prevención y lucha contra la corrupción, reclamamos respuestas y actitudes por parte del ejecutivo, y también del legislativo -para empezar, mejorando el proyecto de ley de protección a los alertadores-, del poder judicial y de nuestro sistema empresarial, que expresen un verdadero cambio de actitud y consoliden una estrategia holística y rigurosa para combatir esta lacra y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la forma en que este país merece que sus instituciones cumplan.