El presidente del Gobierno Español, tras un inusual período de reflexión, emplazó a la sociedad española a un debate sobre la actividad política nacional en términos de convivencia y de sus consecuencias personales, comprometiéndose a impulsar medidas que regeneren el funcionamiento de nuestras instituciones. Nada de esto ha servido para mejorar el clima político español, con comisiones de investigación en marcha y un debate político y mediático crispado que dificulta el correcto y normal funcionamiento de las instituciones.
Desde 2013 +Democracia ha elevado a los poderes públicos propuestas para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia; cambios en la ley de partidos, en el sistema electoral y, junto a otras organizaciones de la sociedad civil, 50 medidas de regeneración democrática, casi todas inéditas.
Hoy, los profesionales, estudiantes y académicos que, con una marcada vocación de pluralidad, formamos este foro ciudadano, queremos interpelar, de nuevo, directamente a los principales actores políticos de nuestro país, a cada cualdesde su responsabilidad, para que se tomen en serio la gravedad de la situación: al gobierno se le percibe alentando la crispación, a la oposición deslegitimado las instituciones que no gobierna, a los jueces operando con intencionalidad política ya no pocos medios de comunicación, actuando al dictado de partidos políticos e intereses económicos. La confianza en nuestras instituciones se degrada como muestran reiteradamente tanto los Eurobarómetros como otros estudios similares y como también se aprecia en la conversación pública.
Nuestra democracia no está en peligro ni caminamos hacia una dictadura, como algunos proclaman de forma irresponsable, pero azuzar el miedo e instrumentalizar las instituciones no nos va a salir gratis. Aplazar reformas o acometerlas de forma cosmética, tampoco. No mirar de frente el constante deterioro de nuestra convivencia nos pasará factura como sociedad, como ya está ocurriendo. Tras dos décadas difíciles, tras haber logrado superar con éxito crisis económicas, institucionales y sanitarias, España no se merece la creciente crispación a la que la competencia partidaria y sus correspondientes apoyos nos está sometiendo. La democracia es un edificio sensible, que en nuestro país es además reciente, y se deteriora cuando se abusa de sus límites y se anulan sus contrapesos.
Nos ha llevado dos siglos diseñar las condiciones en las que un gobierno puede ser legítimo en democracia: La distribución del poder y su sometimiento a la crítica razonada ha sido
una de las más grandes conquistas sociales de nuestro tiempo. Hoy vivimos en sociedades complejas, en donde ni el poder se concentra en el gobierno, ni la oposición está libre de límites democráticos. ¿Ante quiénes rinden cuentas otros poderes del Estado cuando se dedican a actuar de oposición a su propio Estado?¿Ante quiénes rinden cuentas jueces y fiscales cuando operan en un marco de intencionalidad política y con sus órganos de gobierno secuestrados por los partidos políticos? ¿Cómo exigir responsabilidades a quienes viven del bulo y la difamación abusando del derecho fundamental a la libertad de expresión? Urge un debate sobre los límites en los que el gobierno y el resto de los poderes públicos y privados pueden operar de forma legítima en democracia.
Con las siguientes peticiones aspiramos a señalar carencias y, sobre todo, la clamorosa ausencia de límites democráticos y respeto a las normas de convivencia con las que no pocos actúan, además de sugerir alguna propuesta, quizás poco novedosa, pero sin duda ya urgente.
Sabemos que la política en el mundo real trata de cómo acceder, mantener y legitimar el control de las instituciones y el uso del poder. También, que las condiciones en las que opera la política hoy, sometida a un escrutinio permanente y a una alta volatilidad de la opinión pública, imprimen al ejercicio público una carga adicional de presión y exigencia. Pero cuando la respuesta pasa por instrumentalizar las instituciones, incrementar la crispación y deteriorar la convivencia, hay que parar y preguntarse si cada cual está haciendo lo debido.
Por ello, le pedimos al presidente del Gobierno que se aplique a sí mismo la máxima de criticar las políticas y no a los políticos. Un presidente del Gobierno no puede formular acusaciones que alimenten la crispación. Son muchas las situaciones en las que la denuncia al adversario requiere gravedad y, es entonces cuando más prudencia y respeto institucional exige una democracia sana. No se trata de tomar partido ni de mantener equidistancias, pero el Presidente del Gobierno es el primero obligado a actuar de forma que no se incremente la crispación política. Nuestra cultura democrática es ya suficientemente rica y tenemos amplia experiencia de conflictos graves gestionados con alto respeto institucional, no marchemos hacia atrás.
Igualmente, le pedimos al líder de la oposición una reflexión sobre su constante diferenciación entre lo legal y lo moral, sin duda uno de los motores del progreso y del cambio social. La carga de acusaciones de inmoralidad a decisiones plenamente legales es, también, el camino más rápido hacia la ruptura, incluso violenta, de la convivencia. El de España es un gobierno legítimo y su continuo cuestionamiento acaba poniendo en duda la propia legitimidad de la oposición pues ambos, gobierno y oposición, son lo que son, en aplicación de las mismas normas y procedimientos democráticos, que en España se respetan de forma escrupulosa. La amnistía, o cualquier otra medida impulsada por el Gobierno, puede merecer la más encendida de las oposiciones y argumentos se tendrán para ello. El insulto, la descalificación personal, las hipérboles sobre la salud de nuestra
democracia, suyas y de no pocos de sus seguidores solo conducen a una larga convalecencia llena de resentimiento.
Por último, le pedimos a los ministros del gobierno de España que defiendan sus políticas con cuanta pasión consideren, pero sin olvidar que sus medidas afectan por igual a quienes las defienden que como a quienes las deploran y tanto respeto merecen los unos como los otros. No se trata de no avanzar, sino de avanzar sin ofender y sin renunciar al diálogo y a la pedagogía que un servidor público de tan alta institución debe a la ciudadanía. Ocupar un cargo ministerial exige diálogo y respeto, a la par que decisión. La decisión sin respeto, instrumentalizando el cargo público para hacer de azote de la oposición, es sólo debilidad y alimento para la crispación.
Junto a estas cuestiones de fondo y actitud, es necesario acometer reformas que atañen a todos los agentes: a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, a los medios de comunicación y sus profesionales y a la sociedad civil.
De la misma manera, las propuestas aquí contenidas deben entenderse para el conjunto de actores e instituciones tanto a nivel nacional como en las Comunidades Autónomas y los entes locales.
Tras un proceso de reflexión y debate estas son las 25 medidas que desde Más Democracia consideramos más urgentes para avanzar en calidad democrática. No quiere decir que sean las únicas, pero sí las que se pueden acometer de forma inmediata y cuyo impacto puede ser más relevante.
¿Qué pueden hacer los grupos parlamentarios por la regeneración democrática?
Los grupos parlamentarios son los auténticos actores del sistema democrático en periodos no electorales. Hoy, sin la autonomía suficiente, son vicarios de la lógica electoral y de las direcciones de sus partidos. La tarea encomendada a los diputados y diputadas no es la de trasladar la contienda electoral al interior del Parlamento, sino la de impulsar acuerdos entre mayorías y minorías que hagan posible las mejores iniciativas legislativas ya que, sin éstas, la legitimidad democrática se resiente. Proponemos a los grupos parlamentarios que acometan:
1. La reforma del funcionamiento parlamentario.
Reformar y refundir los reglamentos del Congreso y el Senado en un único Reglamento de las Cortes Generales, cuestión largamente pospuesta y hoy ya urgente, que debiera:
- (1) Proteger la autonomía de diputados y diputadas, senadores y senadoras frente a las direcciones de sus partidos y frente a la influencia del poder ejecutivo en la labor legislativa. Además, necesitamos reforzar el papel del presidente o
presidenta de ambas cámaras como valedores de la autonomía parlamentaria frente a otros poderes e instituciones del Estado.
- (2) Incorporar en los reglamentos del Congreso y del Senado (en línea con las propuestas planteadas por el Grupo Parlamentario Vasco y el PP) la obligación del Ejecutivo, tras la apertura de cada periodo de sesiones, de remitir a las cámaras informe detallado sobre el grado de cumplimiento de Proposiciones no de Ley, Mociones y Resoluciones aprobadas y/o rechazadas en el periodo de sesiones anterior
- (3) Regular la actividad de los grupos de interés, dando traslado de la legislación europea en materia de transparencia, registro, código de conducta, huella legislativa y transparencia de las agendas de los miembros de la Cortes Generales.
2. La reforma de las comisiones de investigación:
Las comisiones de investigación deberían ser unos de los instrumentos más eficaces para el control político ante situaciones de gran complejidad y, también para el aprendizaje y la mejora de las políticas públicas. Secuestradas como instrumentos de deterioro de la labor de gobierno, sin apenas eficacia práctica en las medidas y recomendaciones de sus trabajos, han perdido gran parte de utilidad. Recomendamos:
- (4) Incrementar la capacidad de los grupos parlamentarios minoritarios para impulsar y constituir comisiones de investigación, a propuesta de una cuarta o quinta parte de los miembros de la Cámara (como ocurre en Alemania o en Portugal).
- (5) Prohibir la constitución de comisiones de investigación para los mismos hechos en ambas cámaras, así como tras la apertura de procedimientos judiciales, si bien debe establecerse una clara distinción entre responsabilidad legal y responsabilidad política, siendo esta última el único objeto de las comisiones de investigación.
- (6) Regular plazos para evitar procedimientos dilatorios, eliminar el voto ponderado e introducir el voto secreto, para facilitar que los dictámenes respondan al criterio de los investigadores, respetando que la votación refleje la decisión del Pleno.
3. La incorporación de medidas de participación social y ciudadana en las tareas parlamentarias, en línea con lo planteado en las propuestas de “Parlamento Abierto”.
El parlamentarismo español, respetando su carácter de democracia representativa, necesita una mayor apertura y complementariedad con las actividades e iniciativas de la sociedad civil, en concreto proponemos:
- (7) Reformar el derecho de petición, facilitando los procedimientos para que los ciudadanos y ciudadanas puedan presentar iniciativas de forma directa al Congreso de los Diputados
- (8) Potenciar las Iniciativas Legislativas Populares, dejando exentas del trámite de toma en consideración aquellas que cumplan con los requisitos del número de firmas exigido, permitiendo además la defensa de la Iniciativa por parte de la Comisión Promotora, la cual deberá contar con asesoramiento jurídico de la Cámara en su proceso de tramitación.
- (9) Impulsar desde el Congreso de los Diputados y el Senado la realización de procesos de democracia deliberativa (Convenciones Ciudadanas) basados en las mejores prácticas avaladas por instituciones internacionales como la OCDE. Estas Convenciones, como espacios de deliberación para una muestra de personas seleccionadas aleatoriamente, emitirán una serie de recomendaciones sobre un ámbito concreto de la acción legislativa para la consideración de los representantes parlamentarios.
- (10) Implementar espacios de innovación parlamentaria que acojan procesos de colaboración, asesoramiento y co-creación multiactor en ámbitos vinculados con el Parlamento Abierto. Estos espacios deberán contar con una representación amplia de actores clave, entre los que se incluyan diputados y personal funcionario de la Cámara, organizaciones de la sociedad civil, personas expertas provenientes del mundo de la academia y representantes del sector privado. Para la institucionalización de estos espacios se puede tomar como punto de partida la reciente experiencia de la ‘Oficina de Ciencia y Tecnología’ (‘Oficina C’) del Congreso de los Diputados.
4. Reforma de la justicia.
Tras el acuerdo para el desbloqueo de la renovación del CGPJ, las tareas, largamente aplazadas de reforma de la justicia, no pueden esperar. Partiendo de la base de que ésta ha de contar con medios suficientes para hacer su labor, consideramos necesario, al menos:
- (11) Proceder a una reforma del sistema de elección del CGPJ que no altere las mayorías actuales y busque el máximo consenso parlamentario posible, pues ése será la medida de su éxito y de la estabilidad futura de tan alta institución. Para evitar una situación como la vivida, +Democracia elevó al Consejo y a los grupos políticos la propuesta de establecer un límite de mandato improrrogable y un sistema de concurso como alternativa a la ausencia de acuerdos futuros en la renovación de órgano de gobierno de los jueces. Al mismo tiempo, creemos necesario establecer un sistema objetivo de ascensos y nombramientos de la cúpula del poder judicial dependientes del CGPJ, asegurando así nombramientos motivados y fundados en criterios objetivos previamente definidos.
- (12) Profundizar en la independencia de la Fiscalía, estableciendo mandatos diferentes del ejecutivo y el carácter irremovible del fiscal general del Estado.
- (13) Reimplantar el Procedimiento de instrucción a manos de la fiscalía y del juez de garantías e incorporar, de nuevo, la responsabilidad personal de jueces y fiscales, como ha sido tradición en nuestro sistema judicial.
5. Fortalecimiento de las medidas de evaluación, transparencia y lucha contra la corrupción
Durante los últimos años, y bajo diversos gobiernos, se ha ido avanzando en medidas que complementan las tareas de control de los distintos órganos de gobierno. Creemos que hay que profundizar impulsando las siguientes medidas, ampliamente conocidas y desarrolladas con éxito en muchos países de nuestro entorno.
- (14) Crear una agencia anticorrupción, que integre la actual oficina de conflictos.
- (15) Poner en funcionamiento a la mayor brevedad posible de la oficina de protección al informante.
- (16) Dotar al Consejo de Transparencia de mayor independencia y capacidad sancionadora.
- (17) Restaurar y dotar con los medios suficientes la Oficina de evaluación de políticas públicas e impacto legislativo, pero haciéndola dependiente del legislativo, diferenciándola así de la función de rendición de cuentas que debe hacer el ejecutivo.
¿Qué pueden hacer los medios de comunicación y sus profesionales por la regeneración democrática?
Los medios de comunicación son empresas sometidas a las leyes de mercado y a su vez, desarrollan una actividad fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema democrático: orientan la conversación y la deliberación pública, garantizan el conocimiento por parte de la opinión pública del control de las instituciones y coadyuvan a la formación de la voluntad general. Son, por tanto, agentes clave en la construcción, mantenimiento y mejora de la democracia. El debate sobre cómo deben cumplir mejor su función en democracia es distinto al de las redes sociales, que también debería ser abordado, si bien en este caso nos centramos exclusivamente en el papel de los medios de comunicación:
- (18) Pedimos a las asociaciones de medios y de profesionales que, junto con expertos y representantes de la sociedad civil impulsen un Consejo Profesional para el desarrollo del sector y la profesión en un contexto de complejidad del entorno digital, estableciendo criterios deontológicos que dificulten el ejercicio espurio de la profesión y exija la total transparencia en la publicación de la composición del accionariado de cualquier tipo de medio o plataforma de
comunicación, así como el origen pormenorizado de sus ingresos (como exige Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación. que debe transponerse a la legislación española con celeridad).
- (19) Le pedimos al gobierno que proceda a revisar los criterios de publicidad institucional de forma que favorezcan la información de calidad y excluya de los fondos públicos aquellos que incumplan los criterios deontológicos establecidos por la industria y la profesión. Entre otros, se pueden plantear criterios relacionados con número de suscripciones, diferenciación de los suscriptores individuales de los institucionales, cumplimiento de las reglas fiscales, responsables jurídicos con nombres y apellidos, condenas firmes por faltar a la veracidad, porcentaje de contenidos creados con Inteligencia Artificial, etc. Todo ello debería mostrarse mediante las correspondientes auditorías como criterio para la obtención de financiación pública.
- (20) Creemos imprescindible que el gobierno impulse un acuerdo con las asociaciones profesionales para una rápida reforma del derecho de rectificación, adaptándolo a la realidad de la sociedad digital.
¿Qué pueden hacer los partidos políticos por la regeneración democrática?
Los partidos son instituciones esenciales en el funcionamiento de la democracia. Reducidos a simples maquinarias electorales y de respaldo al líder, nos preocupa la baja calidad democrática de su funcionamiento interno, sus fallos en los mecanismos de selección y formación de líderes y el escaso aprecio que concitan en la ciudadanía. Les conminamos a pensar en su supervivencia.
- (21) Proponemos a los grupos parlamentarios impulsar una comisión de estudios en el Congreso de los Diputados que proponga reformas en el funcionamiento interno de los partidos políticos, en sus estructuras de participación interna, rendición de cuentas, movilización social y los mecanismos de selección de élites con plenas garantías democráticas. Creemos en la consolidación de las elecciones primarias internas para la selección de cargos electos, pero incorporando garantías públicas que los alejen de meros procedimientos de ratificación de las decisiones de las élites partidarias.
¿Qué puede hacer la sociedad civil por la regeneración democrática?
Sin una sociedad democrática no puede existir una política democrática. Cada una de las medidas propuestas para abrir y acercar la política a la ciudadanía deben encontrar eco en el otro lado, tanto en la sociedad civil organizada como en el ejercicio individual. Para ello, las organizaciones de la sociedad civil pueden comprometerse, al menos, con los siguientes principios:
- (22) Poner en valor el papel de la política y lo político huyendo de discursos antipolíticos y populistas que en nada contribuyen a mejorar la democracia.
- (23) Construir espacios de creación de consensos en torno a los nuevos desafíos como la transición ecológica, la revolución digital o la gestión del fenómeno migratorio. Las organizaciones de la sociedad civil, a diferencia de los partidos, no obedecen a lógicas de competición y juegos de suma cero, sino a dinámicas de colaboración y cooperación, imprescindibles en democracia para abordar los desafíos pendientes.
- (24) Poner en marcha iniciativas de vigilancia ciudadana y seguimiento de la acción institucional, haciendo públicos sus resultados con vocación de incidencia para mejorar el sistema político institucional.
- (25) Colaborar con los trabajadores públicos y representantes políticos en el diseño, implementación y evaluación de nuevas formas de participación a nivel gubernamental y parlamentario, canales de transparencia y herramientas de rendición de cuentas.
Más allá de estas 25 propuestas, en Más Democracia consideramos que la trascendencia e importancia de un plan de regeneración democrática requiere de un proceso amplio y plural de debate y deliberación entre personas expertas, entidades de la sociedad civil, profesionales y legisladores, en el que poder profundizar en las distintas propuestas que ayuden a la regeneración democrática de nuestra sociedad.
Julio 2024
Puedes descargar el documento con las propuestas aquí