La democracia se defiende garantizando derechos. Por la derogación inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana mediante Real Decreto-ley en el próximo Consejo de Ministros.
Una democracia madura sitúa la participación ciudadana y el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales en el centro de su vida pública. La libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica, la libertad de información y el derecho a la huelga constituyen la base indispensable para proteger a la ciudadanía y equilibrar las relaciones de poder desde las instituciones. Garantizar estas libertades exige un marco legal que ampare a quienes alzan la voz y fortalezca la confianza en el sistema democrático.
La vigencia de la actual Ley Mordaza (Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana —aprobada en solitario por la mayoría absoluta del Partido Popular en 2015—) lesiona directamente esta arquitectura de derechos. Al sustituir el control judicial por la sanción administrativa discrecional, la norma ha consolidado un sistema punitivo que castiga la movilización social. Las cargas policiales desmedidas vividas durante la jornada de huelga del 11 de
noviembre, sumadas a actuaciones similares en protestas laborales, vecinales y sociales anteriores, son el resultado directo de mantener intacta una legislación diseñada para disuadir la protesta.
Las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil llevan más de una década documentando este deterioro democrático:
Amnistía Internacional ha denunciado de forma reiterada que esta norma establece «un manto de impunidad» y que su propósito real consiste en «sancionar al disidente, al que protesta, al considerar que quien protesta altera la tranquilidad pública, un valor sin concreción constitucional». Asimismo, la organización ha subrayado ante los continuos obstáculos a activistas y periodistas que «el deber de las autoridades es proteger el ejercicio de la libertad de expresión».
Plataformas ciudadanas y jurídicas como No Somos Delito, Defender a quien Defiende, Rights International Spain y Red Acoge han evidenciado que la aplicación de esta ley —que acumula ya más de dos millones de sanciones administrativas— genera un efecto desaliento sistemático sobre el derecho a la protesta, ampara identificaciones por perfil racial, mantiene el uso de material antidisturbios lesivo como las pelotas de goma y deja desprotegidos a manifestantes y profesionales de la información frente a la arbitrariedad.
La calidad democrática exige que la palabra dada en campaña y en los pactos de investidura se transforme en boletín oficial. Tanto en la pasada legislatura como en la actual, los sucesivos intentos de los grupos parlamentarios para derogar la norma han encallado entre prórrogas, bloqueos en comisión y falta de determinación política.
Ante el agotamiento de la legislatura y la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria electoral, el colectivo ciudadano Más Democracia lanza hoy un manifiesto proponiendo al Gobierno que utilice el próximo Consejo de Ministros para avanzar de manera inmediata, antes de la celebración de las elecciones generales, en el cumplimiento de su compromiso programático y desactivar los aspectos más lesivos de la Ley de
Seguridad Ciudadana.
El Gobierno conserva hoy plenas facultades constitucionales y la responsabilidad histórica de cumplir su compromiso antes de entrar en funciones. La persistencia de vulneraciones en la calle y la inminencia del calendario electoral configuran el supuesto de extraordinaria y urgente necesidad para actuar de forma inmediata desde el Poder Ejecutivo.
Por todo ello, desde Más Democracia y las organizaciones firmantes proponemos:
- La aprobación en el próximo Consejo de Ministros de un Real Decreto-ley de urgencia que de forma inmediata reforme aquellos preceptos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, y que por esta vía de Real Decreto pueda efectuar, antes de que el Gobierno pase a estar en funciones, y su posterior convalidación por la Diputación Permanente del Congreso. Así como, aprobar un protocolo específico de protección de periodistas y profesionales de la información durante manifestaciones y actuaciones de orden público, garantizando la captación y difusión de imágenes de intervenciones policiales dentro de los límites legales y evitando cualquier obstaculización injustificada de su actividad informativa.
- La revisión inmediata de las sanciones administrativas que penalizan la protesta social, en particular los artículos relativos a la difusa concreción en las faltas de consideración a los agentes de la autoridad y la desobediencia civil pacífica. Asimismo, se considera prioritario impulsar la reforma de las infracciones relativas a la captación y difusión de imágenes de actuaciones policiales y las faltas de respeto a los agentes de la autoridad, mediante la correspondiente modificación legislativa de carácter orgánico cuando resulte exigible por la naturaleza de los preceptos afectados. La necesidad de proteger efectivamente los derechos fundamentales y de poner fin a los efectos disuasorios de determinadas disposiciones del actual régimen sancionador constituye una razón suficiente de extraordinaria y urgente necesidad.
- La aprobación de una orden ministerial vinculante en el Ministerio del Interior que prohíba de inmediato el uso de pelotas de goma y material
antidisturbios potencialmente mutilante, y que erradique los controles policiales basados en el perfilamiento racial.
- El establecimiento inmediato de protocolos gubernamentales de actuación policial orientados a la facilitación y protección de los derechos de huelga y manifestación, garantizando la plena trazabilidad e identificación de los agentes y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
- Que por parte de los partidos políticos que concurren a la próxima convocatoria electoral se incluya en sus programas de forma expresa el compromiso de la eliminación inmediata de los aspectos más lesivos y represivos de la Ley Mordaza incluidas sus sanciones administrativas, sumándose y sumándonos a la petición de Amnistía Internacional sobre el uso de herramientas policiales.
Gobernar para ensanchar la democracia significa utilizar todos los instrumentos del Estado de derecho para proteger a la ciudadanía hasta el último minuto de mandato. El próximo Consejo de Ministros es el momento definitivo para cumplir la palabra dada.