El pasado martes 17 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción por la democracia compuesto por 31 medidas que permitirían, según los integrantes del Gobierno, mejorar el sistema democrático español.
En julio de 2024, Más Democracia presentó un escrito titulado 25 propuestas concretas y una de procedimiento para mejorar la convivencia y regenerar nuestra democracia. Por ello, en + Democracia se ha seguido de cerca el debate acerca de la regeneración democrática y se ha estudiado el Plan propuesto por el ejecutivo para conseguirla.
Un análisis detallado de las medidas planteadas en el Plan muestran su insuficiencia. Si bien resultan interesantes, coincidiendo con las propuestas planteadas, medidas como la regulación de la actividad de los Grupos de Interés (la medida 3.2.2. del Plan afirma que se va a aprobar una Ley de Grupos de Interés que regulará su código de conducta y que facilitará el seguimiento del proceso legislativo); el fomento del Gobierno abierto (la medida 1.1.3. sostiene que se terminará la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto y se empezará a preparar el V plan en un proceso de creación conjunta con las organizaciones de la sociedad civil); la aprobación de un Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023 (medida 1.3.2.) y por la reforma del derecho de rectificación con el objetivo de “mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias” (medida 2.4.2.); la rendición de cuentas cada seis meses, la propuesta de tener un debate anual sobre el Estado de la Nación, los debates durante la campaña, la obligación de publicar microdatos de encuestas…, pensamos que el plan carece de la visión global y ambición necesaria.
Si se hace un estudio más detallado del Plan, se puede apreciar que —de las nuevas 31 medidas— hay 15 medidas que, utilizando distintos verbos como reformar, reforzar o impulsar, sirven para llevar a cabo acciones sobre leyes que ya están o que están en proceso de estar brevemente.
A esto hay que añadir que muchas de ellas requieren la modificación de una Ley Orgánica. El problema es que “La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas se exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto” (Artículo 81.2 de la Constitución Española), por lo tanto —atendiendo a la actual composición del Congreso— será complicado que alguna de estas medidas se pueda concretar favorablemente. De este modo, muchas no se podrán realizar.
En otro orden de cosas, dentro del Plan hay también propuestas que ya estaban pendientes y que todavía no se han ejecutado: la creación de una oficina de protección de alertadores, la ley de secretos oficiales, la regulación de lobbies, los delitos de ofensa a sentimientos religiosos, etc.
Desde Más Democracia echamos en falta medidas que nos parecen clave, y que seguiremos trabajando para intentar que se incorporen. Fundamentalmente, se trata de:
- Apostar por fomentar la autonomía de diputados y diputadas, senadores y senadoras frente a las directrices internas de sus partidos y la influencia del ejecutivo en la labor legislativa.
- Contemplar reformar las comisiones de investigación (aunque en el Plan se plantea la creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación).
- Considerar reforzar fuertemente las medidas que permitan la participación ciudadana en tareas legislativas (es cierto que hay medidas que fomentan el Gobierno abierto, pero estas deberían permitir una mayor participación social).
- Estimar medidas para reformar la justicia.
- Establecer propuestas que sirvan para luchar contra la corrupción, como podrían ser la creación de una agencia anticorrupción, dotar al Consejo de Transparencia de mayor independencia y capacidad para sancionar o restaurar la Oficina de evaluación de políticas públicas e impacto legislativo.
- Revisar, desde el Gobierno, los criterios de publicidad institucional con el objetivo de favorecer la información de calidad y evitar que reciban fondos públicos los medios que incumplan los criterios deontológicos acordados por la industria y sus profesionales.
- Examinar la posibilidad de crear una comisión de estudio en el Congreso que proponga reformas internas en el funcionamiento de los partidos.
- Promover iniciativas que permitan a la sociedad civil vigilar y seguir la acción institucional o la creación de espacios de consenso donde se debata en torno a los nuevos desafíos.
Concluyendo, si bien es cierto que hay algunas medidas que son compartidas, y pueden ser —si se implementan— un avance importante para la calidad democrática, desde Más Democracia continuaremos trabajando para que el Plan incremente su ambición.
Para más información: victordemocracia20@gmail.com
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